Mientras la discusión pública se ha centrado en la prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos, organizaciones civiles alertan que la industria tabacalera está moviendo sus fichas en silencio. Y no es casualidad: su nuevo objetivo son los dispositivos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina, productos que muchos consumidores creen “menos dañinos”, pero que en realidad mantienen el mismo riesgo de adicción y efectos graves para la salud.
A unas horas de que la comisión de salud de la Cámara de Diputados vote el proyecto de reforma enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ONG y especialistas en control del tabaco han encendido las alarmas. Su preocupación no es menor: temen que se repita un escenario donde, bajo la idea de “revisar” la iniciativa, se abra espacio a negociaciones con las empresas, como recientemente ocurrió con la industria refresquera.
Para estas organizaciones, cualquier intento de diálogo con fabricantes viola la normatividad internacional que México ha adoptado para proteger la salud pública. Y advierten que la industria tabacalera lleva décadas utilizando la estrategia del “menor riesgo”: la misma que usaron para promover los cigarros con filtro o los “light”, ahora la reproducen al presentar sus nuevos dispositivos como alternativas más seguras.
Pero la ciencia dice otra cosa. Especialistas en salud pública recuerdan que no existe un nivel seguro de exposición a nicotina y que todos los productos —tradicionales o electrónicos— pueden provocar adicción. Solo el consumo de cigarros convencionales causa más de 63 mil muertes al año en México, una cifra que no contempla aún los efectos de vapeadores, cigarros electrónicos ni tabaco calentado.
El discurso de “menos daño” cae por su propio peso cuando se observa que ninguno de estos productos cumple con los estándares de regulación estricta que permitirían evaluar su seguridad real. Por el contrario, la industria insiste en operar bajo esquemas laxos, con baja supervisión y sin ofrecer evidencia científica independiente.
Las ONG piden que los legisladores actúen con firmeza: si se busca proteger la salud, la prohibición debe ser integral e incluir cualquier dispositivo que administre nicotina. De lo contrario, la población —especialmente adolescentes— seguirá expuesta a estrategias de marketing que normalizan el consumo y mantienen la adicción.
El problema no es solo lo que se fuma o inhala, sino el sistema que se construye alrededor para que siga ocurriendo. Por eso especialistas señalan que las decisiones que se tomen en el Congreso no solo determinarán qué productos estarán permitidos, sino qué tan comprometido está el país con frenar una epidemia que la industria ha sabido reinventar una y otra vez.
