En un hecho sin precedentes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva histórica que podría transformar por completo la manera en que los Estados enfrentan el cambio climático: no actuar contra esta crisis es una violación al derecho internacional.
El pronunciamiento, solicitado por la Asamblea General de la ONU y respaldado por 130 países —principalmente del Pacífico y el Sur Global—, concluye que los tratados climáticos imponen obligaciones legales reales, no simples sugerencias.
El juez Yuji Iwasawa, quien presidió el panel de 15 magistrados, fue contundente: los gobiernos deben reducir emisiones, cooperar entre sí y adoptar medidas de mitigación, adaptación y transferencia tecnológica en buena fe. De no hacerlo, incurren en un acto internacionalmente ilícito, con consecuencias jurídicas que incluyen compensaciones, garantías de no repetición y hasta demandas internacionales.
La CIJ subrayó que el cambio climático es “inequívocamente causado por actividades humanas” y que representa una amenaza existencial para el planeta. Además, destacó que un ambiente limpio, saludable y sostenible es condición básica para ejercer derechos humanos fundamentales, como el acceso al agua, la alimentación, la salud y la vivienda.
Aunque la opinión no es jurídicamente vinculante, sí tiene un enorme peso político y legal. Puede ser usada como herramienta en negociaciones climáticas internacionales, presionar a países contaminantes para asumir responsabilidades, y servir de base para futuras demandas de justicia climática.
Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico que lideró esta iniciativa, celebró el resultado como un avance clave. Su ministro de Cambio Climático, Ralph Regenvanu, aseguró que esta opinión confirma lo que los países vulnerables han denunciado durante años: existe una deuda legal y moral con quienes ya sufren los efectos de esta crisis.
Además, abogados especializados en litigios climáticos coinciden en que esta decisión abre la puerta a que los grandes emisores sean llevados a juicio, se les exija reparar daños ecológicos y compensen a las naciones afectadas.
El mensaje es claro: la crisis climática ya no es solo un problema ambiental, es también un asunto de justicia global. La opinión de la CIJ marca un antes y un después para los compromisos climáticos, pues ahora no cumplirlos ya no es una omisión: es un acto ilegal.
