En las costas de Yucatán, donde la pesca ha sido el sustento por generaciones, la abundancia marina se agota. Especies clave como el mero, la langosta y el pepino de mar enfrentan una presión implacable por la sobreexplotación y la pesca furtiva. Mientras las autoridades cuentan con recursos limitados, un grupo inesperado tomó el mando: mujeres organizadas que protegen el mar sin sueldo ni respaldo institucional.
En puertos como Celestún, San Felipe y Río Lagartos, ellas vigilan refugios pesqueros creados para dar respiro a las especies. Armadas con binoculares, drones, cámaras y cuadernos, registran cada irregularidad, documentan embarcaciones ilegales y reportan a las autoridades competentes. Su trabajo es voluntario y arriesgado, pero efectivo: han reducido la pesca furtiva en zonas críticas y han logrado que las vedas no se queden solo en papel.
El cambio comenzó cuando los hombres dejaron de encontrar suficiente pesca para sobrevivir. Damaris Chuy, una de las líderes en Celestún, explica: “Nos dimos cuenta de que si no actuábamos, el mar se acabaría. Ahora nosotras salimos al patrullaje”.
Hoy, estas mujeres saben operar drones y usar GPS para delimitar los polígonos de protección. Incluso han aprendido protocolos para acercarse a pescadores furtivos y dialogar antes de que la situación escale. Su objetivo: impedir la extracción en zonas vedadas y cuidar las especies en riesgo.
La realidad es dura: Yucatán encabeza la lista nacional en denuncias por pesca ilegal y tiene apenas siete inspectores para más de 370 kilómetros de litoral. Frente a eso, la vigilancia comunitaria se convirtió en la primera línea de defensa.
No todas son pescadoras, pero todas comparten la urgencia de conservar el mar. Desde buceadoras hasta comerciantes, estas mujeres se han capacitado en monitoreo, datos y buceo certificado, convirtiéndose en referentes locales. Incluso inspiraron a más jóvenes a sumarse, demostrando que la conservación también se escribe en femenino.
Aun sin reconocimientos oficiales, su trabajo deja huella: menos embarcaciones ilegales, más conciencia y, sobre todo, la esperanza de que las futuras generaciones conozcan las especies que hoy ellas protegen. Mientras las instituciones siguen discutiendo, ellas ya están haciendo lo necesario.
